Dos visiones contrapuestas del modelo de seguridad y su vínculo con la democracia se encuentran en disputa. El resultado de la misma determinará la posibilidad de alcanzar un horizonte de inclusión social. La planificación e integración de medidas preventivas, disuasivas y reactivas es clave para lograrlo.
Se ha dedicado este número de la revista a uno de los problemas que más dificultades genera al presente desarrollo de nuestra democracia. No sólo porque el estado actual de nuestras sociedades muestra dificultades en el manejo general de la violencia, acrecentando incluso algunas de los motivos que históricamente la han explicado –exclusión, desigualdad, prepotencia, marginalidad, abuso de los poderosos, hacinamiento−, sino porque existe una cultura de la apología de la violencia que se transmite cotidianamente por los medios masivos de comunicación o, si no es apología, se trata de una manera frívola de presentar la muerte, los daños, la guerra y otros fenómenos brutales que, extrañamente, los hemos convertido en diversión.
Nadie duda de que el problema de cómo construir una convivencia segura, esto es, pacífica, tolerante frente a la diversidad y respetuosa de los derechos de cada uno, es una de las tareas más difíciles que deben encarar los países de la región latinoamericana.
Ello implica tanto nuevas miradas sobre la sociedad, que funden nuevas formas de gestión de los conflictos, como la rápida construcción de las herramientas indispensables para el control de la criminalidad en una sociedad democrática. Si aspiramos a un horizonte de inclusión social debemos aceptar que el aumento de los niveles de conflictividad es algo necesario y positivo, dado que son muchas las nuevas voces que se suman al concierto democrático. Pero, a la vez, si no dotamos a nuestros sistemas políticos de complejas herramientas para acompañar esa conflictividad, entonces la posibilidad de que se instalen nuevas formas de abuso de poder o de violencia puede incrementarse. La urgencia de las nuevas políticas de seguridad se fundamenta en la necesidad de evitar dos fenómenos que se encuentran a la vista: por un lado, la sociedad violenta, que socava las bases elementales de la convivencia democrática; por otro, la democracia autoritaria, que renuncia a muchas de sus ideas elementales.
